Bruselas procesa a España por no aplicar la nueva norma sobre telecomunicaciones

El reglamento mejora los derechos de los usuarios y permite cambiar de operador en un día sin perder el número de teléfono


La Comisión Europea ha iniciado un procedimiento legal contra España y otros 19 estados miembros de la UE por no adaptar a tiempo las nuevas normas europeas sobre telecomunicaciones, según ha informado el Ejecutivo comunitario en un comunicado.

El primer paso dado por Bruselas ha sido enviar cartas de notificación pidiendo información a los veinte países que aún no le han comunicado las medidas que han tomado para adaptar la normativa europea a la legislación nacional, cuyo plazo era el 25 de mayo pasado. Estos países son Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, República Checa, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Holanda, Polonia, Portugal, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia y la citada España, que tienen dos meses de plazo para responder a la Comisión Europea.

Si la respuesta es insatisfactoria o no se produce, la Comisión podría enviarles una petición formal para que apliquen la legislación y, en último caso, llevarles ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Las nuevas normas a las que se refiere Bruselas pretenden mejorar los derechos de los clientes y empresas de telecomunicaciones, incluyendo el derecho a cambiar de operador en un día sin perder el número de teléfono, una mejor protección de los datos personales en internet y mayor transparencia sobre los servicios ofertados.

La legislación también otorga nuevas tareas a la Comisión Europea y al regulador europeo, lo que fomentará una mayor certidumbre legal y ayudará a los operadores a expandirse a lo largo del mercado único, según el Ejecutivo comunitario.

Bruselas considera prioritaria la adopción de estas normas dentro de su estrategia digital. No obstante, sólo siete países han adaptado al completo este marco a su legislación nacional (Dinamarca, Estonia, Finlandia, Irlanda, Malta, Suecia y Reino Unido), aunque la mayor parte del resto han informado a Bruselas de algunas medidas que están adoptando en esta dirección. En este sentido, el Gobierno español ha aprobado el pasado diciembre un anteproyecto de Ley de Telecomunicaciones, actualmente en tramitación para su futura entrada en vigor, que incorpora algunas de las exigencias de Bruselas.

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